El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos preguntará en el Pleno previsto para mañana sobre las iniciativas previstas y sobre la ejecución del presupuesto destinado al desvío del tráfico pesado.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Diego Ubis, solicita al Gobierno de La Rioja que “concrete las medidas de flexibilización del desvío obligatorio de tráfico pesado en el tramo riojano de la carretera N-232 para minimizar los perjuicios derivados para las empresas riojanas”.

Ubis ha explicado que el desvío de tráfico pesado a la AP-68, que se implantó el pasado 2 de diciembre, “ha posibilitado una reducción muy importante de la siniestralidad en la carretera nacional y, con ella, de su consecuencia más trágica, las víctimas mortales”.

De hecho, ha recordado, “el pasado domingo, lamentablemente, se registró la primera víctima mortal en el tramo afectado por el desvío obligatorio del tráfico pesado desde su entrada en vigor”.

No obstante, ha señalado, estas medidas “han generado una serie de perjuicios a las empresas locales, que se ven obligadas a recorrer distancias innecesarias y variar el sentido natural de la marcha para desarrollar las operaciones de carga y descarga”.

En este contexto, en opinión de Ubis, “resulta fundamental introducir medidas para flexibilizar de una manera efectiva el desvío obligatorio de forma que, manteniendo la seguridad en la carretera, que es el objetivo principal, se reduzca en la medida de lo posible las consecuencias negativas para las empresas”.

El portavoz del Grupo Parlamentario también preguntará en el pleno sobre cómo se está ejecutando la partida presupuestaria destinada por el Gobierno de La Rioja para subvencionar las medidas articuladas para desviar el tráfico pesado.

En esta línea, ha apuntado que, inicialmente, se acordó con el Ministerio y la concesionaria de la autopista que el Gobierno de La Rioja costearía el 40% de las medidas necesarias para materializar el desvío, lo que supondría una inversión de 900.000 euros.

Finalmente, sin embargo, se acordó que el Ejecutivo regional asumiría el 60% de los costes, lo que supone una inversión de 1.350.000 euros, “que debería haber sido contemplada y habilitada en los últimos presupuestos”, ha reseñado.