El Grupo Municipal naranja ha denunciado que 31 de las 44 facturas emitidas en el marco del proyecto estrella del equipo de Gobierno no se ajustan a la condición de emergencia COVID-19 por la que fueron contratados.

La concejala del Grupo Municipal de Ciudadanos, Rocío Fernández, ha revelado la existencia de contrataciones irregulares en el marco del Proyecto Calles Abiertas por valor de 145.681,23 euros, tal y como se desprende de sendos informes de las áreas municipales de Intervención y de la Dirección General de Contratación y ha anunciado la petición de comparecencia en el Pleno del concejal de Urbanismo.

Rocío Fernández ha resaltado que, según detallan ambos informes, 31 de las 44 facturas correspondientes a actuaciones integradas en el proyecto Calles Abiertas “no cumplen la Ley de Contratos en lo que se refiere a la tramitación de la condición de emergencia y, por lo tanto, no han podido ser pagadas”. En torno a Calles Abiertas, la Dirección General de Contratación del Ayuntamiento de Logroño tiene registradas 44 facturas por un valor total de 251.088, 15 euros, de los cuáles tan sólo 105.406,92 euros están justificados como ‘emergencia’.

La edil naranja ha señalado que “todo parece indicar que el equipo de Gobierno ha utilizado esta tramitación excepcional durante la emergencia Covid para ‘colar’ actuaciones que no eran urgentes y que no han sido tramitadas como hubiera debido hacerse”.

Rocío Fernández ha recordado que “a lo largo de casi un año hemos solicitado en repetidas ocasiones explicaciones sobre las actuaciones de Calles Abiertas y sobre su contratación, pero han sido prácticamente nulas. Ahora, los informes municipales revelan que el equipo de Gobierno actuó por libre, sin atender a la Ley de Contratos 9/2017”. Fernández ha señalado que para acogerse a la contratación de emergencia, “la actuación debe estar justificada y cumplir unas condiciones restrictivas, para que no sea un coladero, que, al parecer, es lo que ha pretendido el concejal de Urbanismo, Jaime Caballero”.

La concejala de Ciudadanos ha reiterado que la Ley de Contratos en su tramitación por emergencia requiere que, para ampararse en este procedimiento, aquello que se contrata debe ser estrictamente indispensable y necesario para remediar la situación sobrevenida. Fernández ha puntualizado que “entonces se trataba de favorecer el distanciamiento social y el equipo de Gobierno ejecutó acciones inmediatas, pero contrató otras que carecían de la inmediatez requerida, dentro de esta ‘caja’ han pretendido ‘colar’ asistencias técnicas para desarrollar su urbanismo táctico”. Los informes municipales revelan que existen facturas por un importe de 145.681,23 euros que no están amparadas por el artículo 120 de la Ley de Contratos.

En concreto 13 asistencias técnicas, por ser labores de estudio y reflexión; y, por otra parte, 18 facturas cuya prestación excede el plazo establecido de 1 mes para tener encaje en la tramitación de emergencia. La concejala del grupo municipal Ciudadanos ha anunciado que “por todo ello, pedimos la comparecencia en el Pleno del concejal de Urbanismo, Jaime Caballero”.