La diputada Belinda León ha señalado que “las actuaciones que se están realizando en esta unidad administrativa se están alejando de las funciones y del objetivo de la mejora educativa “

Ciudadanos denuncia la utilización de la Inspección Educativa para realizar un plan de intervención a los centros concertados y de fiscalización dirigidos por el inspector jefe, nombrado tras realizar una modificación express del Decreto que regula este órgano, en un único punto que era el de contar con una experiencia mínima de 4 años en el ejercicio.

“Han comenzado una campaña de búsqueda de irregularidades y de caza de brujas en los centros concertados, aplicando directamente lo establecido en las distintas leyes orgánicas, principalmente la LOMLOE, ya que en La Rioja no existe normativa propia”, ha afirmado León.

La formación Liberal ya denunció el pasado 31 de julio que se abría la puerta al amiguismo y al enchufismo en la unidad de Inspección Educativa, tras esta modificación express del Decreto. Actualmente se ha reforzado la plantilla con un inspector más, pero “lo realmente grave es que el jefe de inspectores no cuente con la experiencia previa requerida para este puesto, y que también hayan hecho cambios en los coordinadores, rodeándose de personal sin experiencia”, ha puntualizado.

Las funciones de esta unidad administrativa son el control, asesoramiento y evaluación desde el punto de vista pedagógico y organizativo del funcionamiento de los centros y los programas que imparten. Asimismo, la supervisión de la práctica docente y velar por el cumplimiento de las leyes en todos los centros educativos, de todas las redes.

La diputada Belinda León ha resaltado que “buscan ahora asfixiar a los centros de la red concertada con inspecciones que únicamente persiguen encontrar irregularidades en las actividades escolares complementarias, en las actividades extraescolares, en servicios como el comedor o transporte que tienen carácter absolutamente voluntario”.

Los naranjas señalan que las directrices y los precios de todas esas actividades y servicios son aprobados por el Consejo Escolar, y éste es el órgano encargado de aprobar los precios, debiendo simplemente comunicar dicha circunstancia a la administración.

“Inspección Educativa sí que está facultada para comprobar que estas actividades no son discriminatorias, pero en ningún caso, debería de hacer uso de esas facultades para desarrollar su trabajo bajo la presunción de culpabilidad”, ha incidido León.

De esta forma, destaca la diputada naranja que “la Inspección Educativa debe tener un carácter imparcial que le permita moderar y arbitrar entre sectores, fundamentalmente padres y profesores”. Y debe ser un factor que “incida en el aumento de la calidad de la enseñanza pero eliminando este requisito se consigue justo lo contrario”.

Los Liberales constatan que desde el principio de la legislatura, el Gobierno de Andreu sigue con su hoja de ruta para dirigir a las familias riojanas en la toma de decisión sobre dónde educar a sus hijos libremente.

“El único objetivo del Gobierno de Andreu es hacer seguidismo de la medida educativa propugnada por un partido que tiene un peso testimonial en la sociedad riojana, Izquierda Unida, y que el propio consejero Uruñuela implementa y admite ejecutar”, ha concluido León.