Para Ciudadanos la Ley de Función Pública que incluye el impulso a la carrera profesional es una de las promesas incumplidas por el Ejecutivo que la anunció en 2013.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta en el próximo pleno una Proposición no de Ley instando al Gobierno de La Rioja a cumplir con los empleados públicos y aprobar antes de que finalice este año el Proyecto de Ley de Función Pública. Dicho proyecto debe fomentar la profesionalización de la Función Pública, reactivar la carrera profesional y promocionar y garantizar la formación continuada de todos los empleados públicos.

“El impulso a la Ley de Función Pública es una promesa del Gobierno de La Rioja del PP que lleva vendiendo tanto al colectivo de empleados públicos de nuestra región como a los medios de comunicación”, señala la diputada de Cs, Rebeca Grajea que recuerda que ya en 2013, durante la intervención del presidente Ceniceros éste aseguró se estaba trabajando en una Ley de la Función Pública y el Estatuto del Directivo Público. A día de hoy, los empleados públicos siguen esperando.

En 2014, el Gobierno convocaba la Mesa General de Negociación de los empleados públicos con los sindicatos para abordar en un primer borrador entre otras cuestiones, el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, la modernización del servicio público y la motivación y promoción de los empleados de la comunidad. “Sin embargo, a día de hoy, desde Ciudadanos junto con los sindicatos del sector constatamos una realidad evidente: la inexistente remisión al Parlamento de La Rioja del Proyecto de la Ley de Función Pública, no llega, no está”, apunta Grajea.

De hecho, no solo no se avanza en la Ley, sino que no se han negociado algunos concursos de méritos y ni siquiera se ha convocado a los sindicatos para analizar la Oferta de Empleo Púbico.

Respecto a la recuperación de la carrera y desarrollo profesional, el Gobierno de La Rioja obvia el acuerdo de 2008-2011 que establecía el cobro del cien por cien en el año 2012 y solo está dispuesto a alcanzar un 25% del primer grado.

“Desde Cs no podemos apoyar políticas como estas que se basan en excusas para no convocar la Mesa de negociación solicitada por los sindicatos ni la falta de rigor en un borrado que va en contra del convenio firmado en 2009 ya que empeora las retribuciones y frena el progreso de derechos para los empleados públicos”, apunta la diputada de Cs.