La formación naranja denuncia que el nuevo Decreto de Convivencia Escolar pretende anular la Ley 2/2011 de Autoridad del Profesor sin ni siquiera presentar el borrador a los representantes de la comunidad educativa.
Ciudadanos denuncia que la Consejería de Educación pretende derogar la Ley 2/2011 de Autoridad del Profesor sin transparencia, sin consenso ni participación de la comunidad educativa y de manera unilateral.
La diputada Belinda León resalta que de esta forma “el consejero Uruñuela quiere dejar su impronta ideológica derogando la Ley de Autoridad del Profesorado. Es un capítulo más en esta legislatura de política de hechos consumados en un tema tan importante como es la convivencia en los centros educativos”.
La Consejería de Educación justifica su decisión al considerar que la Ley de Autoridad del Profesor constituye un obstáculo para la publicación del nuevo Decreto que regulará la convivencia en los centros riojanos, y por considerar que la propia LOMLOE ya reconoce dicha autoridad para el conjunto de la comunidad educativa.
“Todo es tan poco edificante que ni tan siquiera han llegado a facilitar el borrador para que se pueda valorar y realizar aportaciones. Es el decretazo del señor Uruñuela y con las peores formas posibles”, manifiesta León.
Los Liberales exigen que de forma inmediata el consejero Uruñuela aborde tanto el futuro de la Ley de Autoridad del Profesor como el Decreto de Convivencia dentro del marco de la Mesa Sectorial para que todos los agentes de la comunidad educativa puedan analizarlo.
En este contexto, destaca la diputada naranja que “el Gobierno de La Rioja quiere introducir por la puerta de atrás a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas la derogación de la Ley de Autoridad del Profesor“. De esta forma lo considera como una “pésima noticia para el colectivo docente y para la educación en general. Rechazamos el borrador porque sitúa al profesor como un miembro más de la comunidad educativa, difuminando su determinante papel en la educación y su condición de autoridad pública”.
“El nuevo Decreto considera a los docentes como una parte más del problema de la conflictividad en los centros y no como lo que realmente son, el factor fundamental para su solución”, ha concluido León.