La diputada de la formación liberal ha resaltado que “la compleja tramitación deja sin ayudas a personas que están en situación de pobreza por la informatización y los confusos requisitos”.
“Está muy bien aumentar la partida de la Renta de Ciudadanía en La Rioja, algo que es compartido por todos los grupos, pero la clave es la gestión en su ejecución para que de verdad llegue a quien más lo necesita”, así lo ha afirmado la diputada Belinda León.
Durante el pleno del Parlamento de La Rioja de este próximo jueves se debatirá una Proposición de Ley por la que se establece un incremento excepcional para la Renta de Ciudadanía de La Rioja en el marco del plan nacional de respuesta por las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
“La burocracia la han hecho tan compleja que a las personas que más lo necesitan les está resultando muy complicado seguir adelante. Es prioritario un servicio de tramitación ágil por parte del Gobierno de La Rioja”, ha destacado León.
Según datos de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales en España sólo se conceden una de cada cuatro solicitudes y únicamente el 13% de los riojanos que se encuentra bajo el umbral de la pobreza se beneficia del Ingreso Mínimo Vital.
La diputada León ha afirmado que “la Renta de Ciudadanía debe entenderse como un subsidio para facilitar la salida a una determinada vulnerabilidad coyuntural y que no se convierta en estructural”, asimismo ha señalado que “el Gobierno de Andreu debe preguntarse en qué medida se está consiguiendo que los beneficiarios superen su situación de vulnerabilidad”.
En La Rioja hay un total de 7.578 beneficiarios del IMV, 4.553 menores y 3.325 adultos, que perciben 3.042 prestaciones. “Solo el 16,69% de los riojanos bajo el umbral de la pobreza reciben el Ingreso Mínimo Vital”, ha resaltado León, además de indicar que “el Gobierno de La Rioja debe mejorar su tramitación para que los beneficiarios cobren las prestaciones rápido”.
La formación liberal está de acuerdo en aumentar las partidas destinadas a la Renta de Ciudadanía para aliviar el alza de precios que castiga a los más vulnerables. “De nada sirve atribuir más fondos si después no se adjudican. Se debe incrementar los recursos humanos para reducir la burocracia y agilizar la prestación, la aplicación y la interpretación de los requisitos”, ha finalizado.