El Vicepresidente primero, Tomás Martínez Flaño, señala que “otro año más se devuelve parte del presupuesto sin tener en cuenta las importantes carencias en cuanto personal y medios que tiene el Parlamento”.
El Vicepresidente Primero de la mesa del Parlamento y diputado de Ciudadanos, Tomás Martínez Flaño, lamenta que, otro año más, la presidenta del Parlamento, Ana Lourdes González, haya decidido devolver parte del presupuesto de la Cámara al Gobierno de La Rioja.
“Por su cuenta y riesgo, sin consultar al resto de grupos políticos, la presidenta ha devuelto casi 500.000 euros de las cuentas de 2017 a pesar de conocer las importantes carencias en personal, material o recursos que tiene esta Cámara”.
Esta mañana, han sido aprobadas las cuentas del Parlamento de 2018, un presupuesto definitivo de 5.176.171 euros de los que se han ejecutado 4.341.658 euros.
“Ciudadanos ha dado el visto bueno a esta aprobación de las cuentas porque se ajusta a las medidas establecidas en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, pero no podemos estar de acuerdo en su gestión presupuestaria y así se lo hemos manifestado a la presidenta”, señala Martínez Flaño.
“No entendemos por qué no se ejecuta todo el presupuesto para mejorar esta Cámara o bien, dejarlo en las arcas del Parlamento para incorporarlo al presupuesto del ejercicio siguiente”, señala el diputado naranja que deja en evidencia que a la presidenta le interesa tener un Parlamento obsoleto, necesitado de medios y personal para ralentizar la vida parlamentario y, por ende, el control al Gobierno.
“Es una presidenta de parte que aspirar a tener el mayor superávit de todos los parlamentos españoles a costa de no ejecutar el presupuesto y con el único objetivo d agradar al Gobierno de La Rioja y a su presidente”, afirma Martínez Flaño.
Ciudadanos reclama que, por enésima vez, que el Gobierno del Sr. Ceniceros traiga al Parlamento la Ley de Presupuestos de 2018 para que sea modificada y poder incorporar a dicha Ley, en su Sección I, el Presupuesto vigente del Parlamento para 2018 aprobado por esta Institución en fecha 1 de diciembre de 2017, y sustituirlo por el prorrogado de 2017, que el Gobierno incorporó unilateralmente y al que la presidenta se agarra férreamente para ignorar las propuestas que Ciudadanos incorporó y aprobó junto con los miembros de la oposición en la Mesa del Parlamento. Situación que pudiera crear problemas en los derechos laborales de los funcionarios de la Cámara así como para la contratación de asistentes asignados a los grupos parlamentarios.