El portavoz municipal, Julián San Martín, plantea intensificar y reforzar las medidas reforzando los medios humanos, competencias y sanciones de los órganos inspectores, como la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Julián San Martín ha presentado una moción que pretende contar con mayores medidas contra el fraude fiscal y la economía sumergida que pone en peligro las condiciones laborales y derechos de los trabajadores, la reducción de los ingresos a las distintas administraciones, la competencia desleal entre empresas, pone en riesgo la seguridad de los consumidores y supone una amenaza a nuestro modelo de economía de bienestar.

“La economía sumergida es aproximadamente el 23% de la recaudación de impuestos, lo que equivale al 6% del PIB, resta 70.000 millones de euros a las arcas públicas”, ha señalado San Martín, “en La Rioja esta merma es de un 22%, unos 700 millones de euros menos de recaudación lo que supone un gran lastre para la economía de nuestra comunidad, y para la mitad de su población que está en Logroño”.

El portavoz naranja ha recordado que en 2018 la AEAT contará con 2.789 trabajadores menos que en 2009 para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida. España tiene un déficit de personal cualificado en la AEAT de un trabajador por cada 1.928 contribuyentes, frente a países como Francia que cuentan con un trabajador anti fraude por cada 950 contribuyentes. Por eso, desde Ciudadanos solicitamos reforzar los medios humanos, competencias y sanciones de los órganos inspectores.

“En La Rioja se elaboró un plan, con la participación de los distintos agentes económicos y sociales, que dará algunos frutos pero nunca son suficientes mientras sigan desarrollándose actividades sumergidas que atentan contra el resto de empresas que cumplen con las normas”, ha afirmado Julián San Martín.

Dicho plan pone a disposición de todos los ayuntamientos de un registro de licitadores de la comunidad de La Rioja para que los municipios concedan sus licencias de obra teniendo como garante y fedatario ese registro.

“El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Logroño no utiliza este registro por eso proponemos que se incluya en los pliegos de contratación como requisitos a las empresas licitadoras la presentación del certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) y una declaración responsable, para sustituir los requisitos susceptibles de duplicidad y eliminar las trabas administrativas”, ha señalado San Martín.

Además desde el grupo municipal Cs Logroño se propone firmar un Convenio de Colaboración con la Dirección Territorial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en La Rioja con el fin de notificar todas las licencias de obras que se soliciten desde el Ayuntamiento de Logroño.

“Empresas que en La Rioja facturan 4 o 5 millones de euros cada vez que licitan con las instituciones necesitan tener a tres administrativos para hacer toda la documentación que necesitan, esto es una traba administrativa y un golpe bajo para la competitividad de las empresas”, ha reiterado San Martín.